Qué es un litigio mercantil, qué asuntos van a la sección de lo mercantil desde 2025 y cómo amplía la STS 800/2026 su competencia en conflictos societarios.
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Un litigio mercantil, o juicio mercantil, es un pleito civil sobre los asuntos propios de las empresas que decide un juez especializado, el de la sección de lo mercantil. Lo que lo hace mercantil es el tema que se discute: que las dos partes sean empresas no basta.
La diferencia importa más de lo que parece. Tras la caída del Banco Popular en 2017, vendido al Santander por un euro, el banco demandó a su antiguo consejero delegado para que devolviera parte de su retribución variable y lo cobrado como pensión por prejubilación. El consejero se defendió, entre otras cosas, alegando que aquel juez no podía decidir el asunto: según él, era mercantil y le tocaba a otro. El Tribunal Supremo le contestó en mayo de 2026, casi nueve años después de la demanda. Con las reglas de 2017, el juez era el correcto. Con las de hoy, el asunto sería mercantil.
Nacieron con la reforma concursal de 2003. La nueva Ley Concursal ponía en manos de un solo juez todo lo que rodea a una empresa insolvente, incluidos asuntos que hasta entonces se repartían entre jueces de distintos órdenes, y la Ley Orgánica 8/2003, que creó los juzgados de lo mercantil, añadió un segundo motivo: la economía se había vuelto demasiado compleja para un juez generalista.
Funcionan como un servicio especializado de un hospital. El tribunal es el edificio, la sección civil atiende casi todas las consultas y la mercantil recibe a quien tiene afectado un órgano concreto de la vida de una empresa: sus socios, sus marcas, su competencia o su solvencia.
La especialidad tiene un riesgo, y es que cuanto más se le manda, peor funciona. En 2022, la Ley Orgánica 7/2022 descargó a estos juzgados de las reclamaciones de pasajeros por vuelos cancelados o con retraso y de las demandas colectivas contra cláusulas abusivas, que habían acabado en unos órganos pensados para concursos y guerras societarias. Desde el 31 de diciembre de 2025 tampoco se llaman juzgados: la Ley Orgánica 1/2025 los convirtió en secciones de lo mercantil de los nuevos tribunales de instancia, por regla general una por provincia, en la capital.
La lista de materias de la Ley Orgánica del Poder Judicial es cerrada, y en la práctica se reconoce por los conflictos que recoge. Van a la sección de lo mercantil:
Se quedan en la sección civil, aunque haya empresas de por medio, la factura impagada entre dos sociedades o el contrato incumplido, el vuelo cancelado y las demandas colectivas contra cláusulas abusivas. Si en el impago hubo engaño desde el principio, el asunto puede ser penal, y la frontera está explicada en cómo distinguir una estafa de un incumplimiento de contrato.
Hasta ahora, los conflictos que rozaban una sociedad se clasificaban mirando en qué norma se apoyaba la demanda. Si invocaba la Ley de Sociedades de Capital o los estatutos, iba a lo mercantil. Si invocaba un contrato, a lo civil, aunque las partes fueran socios o administradores. Por eso el pleito del Popular, planteado sobre el contrato del consejero y la normativa bancaria, pudo seguirse ante un juzgado civil.
La sentencia 800/2026, de 27 de mayo, explica que la ley vigente desde 2022 mira otra cosa: basta con que el pleito trate una cuestión en materia de sociedades mercantiles, aunque la demanda no se apoye directamente en una norma societaria. El criterio pasa del fundamento de la demanda al tema del conflicto.
La consecuencia alcanza a conflictos muy frecuentes que se daban por civiles porque nacen de un contrato, como los pactos de socios, las compraventas de participaciones o los ajustes de precio y earn-outs de una venta de empresa. La sentencia no los menciona ni dice dónde termina la materia societaria, así que los tribunales tendrán que concretarlo caso a caso.
Mientras tanto, equivocarse cuesta tiempo. El demandado puede pedir que el asunto salga de esa sección y, mientras se decide, el pleito se detiene. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, si el tribunal se declara incompetente por la materia, no remite el asunto a la sección correcta, y la demanda tiene que presentarse de nuevo. Si el error aparece en apelación o en casación, se anula todo lo actuado. Por eso, cuando el despacho lleva un litigio mercantil, la competencia es lo primero que decide, antes de escribir la demanda.
Mucha gente imagina un procedimiento propio, con reglas distintas a las de cualquier otro pleito. La Ley de Enjuiciamiento Civil no tiene un «juicio mercantil»: el pleito mercantil se tramita por el juicio ordinario o por el juicio verbal, como cualquier asunto civil. Van siempre al ordinario la impugnación de acuerdos de una sociedad y las demandas de competencia desleal, publicidad o propiedad industrial e intelectual que no se limiten a reclamar dinero. El resto se reparte por cuantía, con el límite en 15 000 euros.
Lo especial está en cada materia, con plazos propios como el de un año que da la Ley de Sociedades de Capital para impugnar los acuerdos de una junta. La excepción es el concurso de acreedores, que sí tiene un procedimiento propio en el texto refundido de la Ley Concursal, con un cauce específico, el incidente concursal, para las disputas que surgen dentro del concurso.
Desde el 3 de abril de 2025, la demanda solo se admite si antes hubo un intento serio de acuerdo sobre lo mismo que se va a pleitear: una mediación, una conciliación, una oferta vinculante confidencial o una negociación directa entre las partes o sus abogados. Es el MASC que impuso la Ley Orgánica 1/2025, y en lo mercantil tiene excepciones importantes, como el concurso de acreedores o las medidas cautelares pedidas antes de la demanda. Tiene además dos efectos que conviene conocer: la propuesta de negociación detiene los plazos para demandar, algo decisivo cuando el plazo es corto, y quien se niega a negociar de forma injustificada puede quedarse sin costas aunque gane.
Un pleito mercantil es de los más caros de la vía civil. Exige abogado y procurador, a menudo peritos (para valorar unas participaciones, cuantificar el daño de un cártel o medir si dos marcas se confunden) y expone a pagar las costas del contrario si se pierde. También es largo: el del Popular necesitó tres instancias y casi nueve años para llegar a una sentencia firme.
La pregunta útil es si lo que se recupera o se evita justifica lo que cuesta llegar a sentencia y lo que se arriesga en costas. La Balanza, una herramienta gratuita, hace esa cuenta con los datos de cada caso en dos minutos.
Un pleito civil sobre asuntos propios de las empresas (sociedades, administradores, competencia desleal, marcas y patentes, cárteles, transporte o concurso de acreedores) que decide la sección de lo mercantil del tribunal de instancia, el antiguo juzgado de lo mercantil.
No. Se tramita por el juicio ordinario o el verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como cualquier pleito civil, ante una sección especializada. Solo el concurso de acreedores tiene un procedimiento propio.
Por regla general, no. Reclamar una factura entre sociedades es un asunto contractual que decide la sección civil. Pasa a lo mercantil cuando el conflicto entra en una de sus materias, por ejemplo si el deudor está en concurso.
El demandado puede oponerse y el tribunal puede apreciarlo por su cuenta. Si se declara incompetente por la materia, la demanda tiene que presentarse de nuevo en la sección correcta, y si el error se detecta en un recurso se anula lo actuado.
Sí. Desde abril de 2025 hay que acreditar un intento de negociación para que se admita la demanda, salvo excepciones como el concurso de acreedores o las medidas cautelares previas a la demanda.
Este artículo se ha preparado con ayuda de inteligencia artificial. El abogado que lo firma ha revisado cada dato y responde de su contenido.
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