¿Cuándo necesitas un abogado (y cuándo no)? Ocho preguntas antes de pagar a uno

Tienes un problema y, encima del problema, una duda: ¿esto es cosa de abogado o no? Preguntarlo cuesta dinero o cuesta una tarde en una sala de espera, y la respuesta que vas a recibir viene con un sesgo evidente: quien vive de llevar casos rara vez te aconseja que no lleves el tuyo.

Nosotros también vivimos de eso, así que hemos hecho algo poco habitual en un despacho: una herramienta que sabe decir que no. Se llama La Consultilla, tarda tres minutos y no pide ni tu nombre. Ocho preguntas como mucho, un expediente que se va redactando solo mientras respondes y un veredicto al final. Puede ser «admitido a trámite» y puede ser «no necesitas abogado, necesitas una gestoría». Las dos respuestas nos parecen buenas.

Antes de que la pruebes, conviene que sepas qué mira y por qué. Las cuatro cosas que deciden si un abogado te merece la pena tienen poco que ver con lo que la gente supone, y conocerlas te sirve aunque nunca nos llames.

Empieza por aquí: el test

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Si prefieres hacerlo con calma o el test no carga, tiene página propia: ¿Necesito un abogado? No guarda nada y no envía nada. El expediente que se escribe a la derecha vive en tu pantalla y desaparece cuando cierras la pestaña.

Primera pregunta: ¿de quién es el problema?

Es la que más gente suspende sin saberlo. Un abogado solo puede actuar por quien es titular del derecho en juego: el que firmó el contrato, el que ha recibido la reclamación, la sociedad a la que sancionan. Si preguntas por tu hermano, por tu socio o por tu madre, podemos ayudarles a ellos, y tú puedes acompañarles en la videoconsulta, pero el encargo tiene que venir del titular.

Pagar la factura sí puedes, y eso se resuelve en la hoja de encargo. Lo que no puedes es decidir por él. Parece un tecnicismo hasta que hay que firmar un poder, aceptar un acuerdo o desistir de una demanda, y entonces deja de serlo.

Segunda pregunta: ¿cuánto hay en juego?

La pregunta incómoda. Pleitear en España tiene costes que no controla ni tu abogado: el procurador, obligatorio en la mayoría de los procedimientos y que se factura aparte de nuestros honorarios; el perito, si hace falta; las tasas y depósitos que exige cada instancia; y, si pierdes, las costas de la otra parte.

Por debajo de 3.000 euros, el collar suele costar más que el perro. Para eso existe el juicio verbal de hasta 2.000 euros, que la Ley de Enjuiciamiento Civil permite plantear sin abogado ni procurador (artículos 23 y 31), y tenemos una guía para reclamar una factura sin abogado que cubre exactamente ese tramo. Antes de un pleito conviene mirar también la reclamación ante consumo o la junta arbitral de tu sector, que son gratuitas.

Entre 3.000 y 10.000 euros el caso es real, pero no es un caso para nosotros: aceptamos asuntos judiciales a partir de 10.000 euros en juego, y así lo dice nuestra política de honorarios. Un despacho generalista de tu ciudad lo llevará mejor y más barato. Decírtelo forma parte del servicio.

Si lo que te juegas no tiene cifra (una licencia, una sanción, tu reputación), el test lo trata como lo que es: un asunto con entidad.

Tercera pregunta: ¿corre algún plazo?

Los plazos procesales y administrativos son de caducidad: cuando vencen, no hay caso que valga, por buena que fuera la razón. Veinte días hábiles para oponerse a un monitorio. Un mes para un recurso de alzada contra un acto expreso. Dos meses para acudir al contencioso-administrativo. Y en el ámbito civil, desde 2025, no se puede demandar sin haber intentado antes un medio adecuado de solución de controversias, lo que añade semanas al calendario.

Por eso el test pregunta si tienes un plazo en marcha y acepta «no lo sé» como respuesta. No saber si corre un plazo es, por sí solo, motivo suficiente para una consulta. Es la advertencia que más veces aparece en los veredictos.

Cuarta pregunta: ¿qué presupuesto tienes, contando todo?

Contando todo significa honorarios de abogado, procurador, perito, tasas y suplidos. Nuestro mínimo para un asunto extrajudicial son 600 euros; para uno judicial, 2.000 euros más IVA, y un pleito completo rara vez baja de 3.000 euros. Empezar un procedimiento que no puedes terminar es peor que no empezarlo, y el test lo dice sin rodeos.

Si ahora mismo no puedes asumir ningún coste, lo que te corresponde es la asistencia jurídica gratuita. Se solicita en el colegio de abogados de tu partido judicial y el umbral de renta (dos veces el IPREM para una persona sola, más para unidades familiares) es más alto de lo que la gente cree. Sería deshonesto cobrarte 90 euros por decirte esto en una videoconsulta, así que te lo dice el test gratis.

Lo que el test no decide

Si tienes razón. La Consultilla filtra encaje: titularidad, entidad, presupuesto y operativa. La viabilidad jurídica de tu caso, si las pruebas sostienen la historia y si el procedimiento compensa, se estudia después, en una videoconsulta de sesenta minutos que cuesta 90 euros y se descuenta de la primera factura si acabamos aceptando el encargo.

Antes del veredicto hay una pantalla de advertencias: un pleito puede perderse, las costas existen, un procedimiento puede durar años y los honorarios se pagan por adelantado. Marcas lo que asumes. Lo que dejes sin marcar no te descarta: se imprime en el veredicto para que lo hablemos en la sesión.

Por qué un despacho publica una herramienta que dice que no

Porque decir que sí a todo es la forma más cara de perder clientes. Ya escribimos sobre lo que cuesta de verdad la consulta gratuita: alguien acaba pagándola, y suele ser el cliente que sí encajaba. Preferimos que los 90 euros de la videoconsulta se dediquen a tu caso y no a descubrir, al minuto diez, que el caso es de tu cuñado.

Trabajamos con precio cerrado, 100 % en remoto y con firma electrónica. Eso también lo pregunta el test, y si te falta el certificado digital, te lo dice como lo que es: subsanable en una tarde.

Haz el test

Tres minutos, ocho preguntas, ningún formulario. Si el veredicto es «admitido a trámite», reserva la videoconsulta con la tranquilidad de que la sesión va a servir para algo. Si es cualquier otro, te has ahorrado 90 euros, una tarde y probablemente un disgusto. En ambos casos sales sabiendo qué tienes entre manos, y ese era el objetivo.

Y si lo tuyo es un pleito civil o mercantil y quieres ver cómo tratamos los casos que sí pasan el filtro, las páginas de servicio cuentan el resto.